Con el apoyo y asesoramiento legal de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu), dos Nodocentes presentaron un recurso administrativo en el que solicitan al Rector que les asegure el derecho a la libre elección de su obra social.
La trabajadora Ana Laura Gonzalez y el trabajador Argentino Paladea expresaron que la derogación de la Resolución 425/2018 vulnera los derechos conferidos por la Ley 24.741, de Obras Sociales Universitarias, por lo que piden que se revoque esta decisión del Consejo Superior.
En el argumentado escrito que los Nodocentes presentaron a la Universidad sostienen que la Resolución que impide la libre elección “es nula de nulidad absoluta” porque son falsos los antecedentes de hecho y de derecho; no existe la motivación del acto administrativo y su objeto es ilícito ya que se ha adoptado en violación a la Ley 24.741.
Advierten que el Consejo Superior derogó con total ligereza su Resolución 425/2018 sin dar razón de por qué se apartó de todos los fundamentos que tuvo en cuenta cuando expidió la Resolución que ahora abolió sin más trámite.
Señalan que esa nueva Resolución implica la responsabilidad personal de quienes la impulsan, pues incurre en culpa quien debidamente informado por el dictamen del servicio jurídico que la Ley 24.741 confiere el derecho a la libre elección de la obra social se aparta injustificadamente del mandato.
También sostienen que es falso, como fundamento de Derecho, que la ley nacional deba adecuarse a la Universidad Nacional de Luján. Por el contrario, es la Universidad quien debe adecuarse a la Ley 24.741, como se había hecho mediante la Resolución 425/2018.
“Si el señor Rector no suspende la ejecución de la Resolución nos ocasionará un grave perjuicio, dado que nos estará privando del derecho a optar por la afiliación a una obra social de mayor cobertura y mejores prestaciones de salud”, expresaron los Nodocentes.