Ayer, en el Senado de la Nación, se votó el Presupuesto 2026 y, con la ratificación del artículo 30, una mayoría de senadores decidió avanzar, de espaldas al pueblo, en una medida que afecta de manera directa y profunda al sistema educativo argentino, tanto universitario como técnico y a la educación pública en general.
El oficialismo logró aprobar la iniciativa en general con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. La aprobación del artículo 30 elimina el compromiso del Estado de garantizar un piso mínimo de inversión en educación, como el histórico objetivo del 6 % del PBI. Este recorte consolida un ajuste estructural y representa uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática en 1983.
Las Universidades Nacionales quedan sin los recursos necesarios para su normal funcionamiento en el Presupuesto 2026. A esto se suma el artículo 12, que condiciona el financiamiento universitario al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, generando preocupación incluso entre sectores aliados del oficialismo.
Esta disposición habilita al Poder Ejecutivo a interrumpir transferencias de fondos ante supuestos incumplimientos, afectando gravemente la autonomía universitaria. Así, aun existiendo una Ley de Financiamiento Universitario vigente, se intenta vaciarla de contenido: una ley sin presupuesto es una ley en riesgo de incumplimiento.
El artículo 30 también desfinancia la educación técnico-profesional, un sistema con más de ocho décadas de historia clave para la formación de técnicas, técnicos y mano de obra calificada para el desarrollo industrial del país.
La discusión ya no es técnica ni contable, sino política: o se defiende la educación pública, o se la condena al desfinanciamiento y al deterioro permanente.
Desde la FATUN lo afirmamos con claridad: la Universidad Pública es un derecho, una herramienta estratégica para el desarrollo nacional y un pilar histórico del ascenso social en la Argentina.